La Asamblea Nacional, la única institución legítima del Estado en Venezuela, bajo un asalto autoritario

La Asamblea Nacional, el Parlamento de Venezuela, cuyos miembros fueron electos el 6 de diciembre del 2015 y asumieron su cargo el 6 de enero de 2016 por un período de cinco años, en un proceso electoral que contó con la participación de todas las fuerzas políticas, tanto de gobierno como de oposición, permanece hoy como la única institución política del país que cuenta con legitimidad  producto de un proceso democrático en su establecimiento y de acuerdo con la constitución de ese país. La generación de los otros poderes del Estado venezolano, el poder ejecutivo y el poder judicial, terminaron siendo comprometidos en su legitimidad al momento de su instalación al desconocerse disposiciones claves de la constitución venezolana, así como normas básicas de cualquier proceso electoral democrático.

En el caso de la elección presidencial al agotarse el período de Nicolás Maduro, que debería de haberse efectuado en Diciembre de 2018 y convocado con seis meses de anticipación, la elección fue adelantada a Abril y después al mes de Mayo de ese año, para ser convocada finalmente, un mes y medio antes de su realización, por una asamblea constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral como está establecido en la constitución venezolana.  Esta asamblea constituyente, que fue creada por un decreto de Nicolás Maduro en vez de una consulta al pueblo venezolano por medio de un referéndum como está establecido en la constitución y conformada desde sus inicios solo por miembros del partido oficialista, se ha adjudicado a si misma el derecho de adoptar decisiones en todo tipo de materias y entre ellas las de competencia de la legítima Asamblea Nacional.

En la elección misma de presidente de la república el 20 de Mayo del 2018, las principales fuerzas de la oposición no inscribieron sus candidatos, reclamando la ausencia de garantías y la no legitimidad del proceso electoral, la falta de neutralidad y credibilidad del ente rector de las elecciones, es decir el Consejo Nacional Electoral, la inhabilitación de candidatos opositores y la ausencia de otros que se encontraban en condición de presos políticos e impedidos de participar. En definitiva, los candidatos en estas elecciones fueron solo el presidente saliente, Nicolás Maduro, y otros dos candidatos no pertenecientes a los partidos mayoritarios representados en la Asamblea Nacional. El total de la participación electoral quedó registrada como la más baja en la historia de los procesos electorales en ese país.

Respecto a la conformación del Tribunal Supremo de Justicia en los días inmediatamente previos a que los nuevos miembros de la Asamblea Nacional tomaran posesión de sus cargos, los miembros salientes procedieron en tres días y sin apego a las formas establecidas en la constitución a nombrar a dieciséis de sus magistrados, y no la nueva mayoría electa que debía trabajar y resolver sobre estos nombramientos.  Esto llegó a los excesos de nombrar magistrados del Tribunal a diputados salientes de la Asamblea Nacional pertenecientes al oficialismo como miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la República. Este hecho ha permanecido en la consciencia de los demócratas venezolanos y de todos quienes con apego y respeto a la justicia, observan y siguen hoy con consternación las decisiones de este Tribunal.

En este contexto y frente a la compleja realidad de la crisis política, humanitaria y económica que sufre Venezuela, la persecución, encarcelamiento, exilio o allanamiento de la inmunidad de parlamentarios de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo del andamiaje del Estado en ese país por otros poderes cuya legitimidad no solo está ya comprometida desde su origen, sino que también violan una vez más la constitución cuyo texto de manera clara y transparente establece que es la propia Asamblea Nacional la que debe determinar, por mayoría calificada, si se le debe allanar o levantar la inmunidad parlamentaria a cualquiera de sus miembros.

La Internacional Socialista, conformada por partidos políticos en gobierno o en oposición en la mayoría de las democracias y parlamentos del mundo, rechaza y condena con determinación y con fuerza el asalto a la libertad e integridad de la Asamblea Nacional de Venezuela y de sus miembros que ha tenido lugar estos últimos años, meses, semanas y días y que afecta a esta institución y hoy personalmente a 31 parlamentarios miembros de la Asamblea.

Nuestra Internacional demanda hoy una vez más la libertad y el respeto al derecho de servir en sus funciones a todos los parlamentarios presos, exiliados, perseguidos y cuya inmunidad parlamentaria no es respetada.

 

Miembros de la Asamblea Nacional que se encuentran hoy con su inmunidad allanada o removida, presos, diputados perseguidos y bajo la protección de embajadas extranjeras en Caracas o forzados al exilio: