"LOS ALCANCES Y LAS CARENCIAS DE LA DEMOCRACIA"
La Internacional Socialista ha sido solidaria en forma activa y efectiva con la causa de la recuperación democrática y los partidos políticos miembros del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, SICLAC, fueron protagonistas centrales del proceso que culminó con la instalación de regímenes democráticos en América Latina y el Caribe.
En este sentido, es justo reconocer la importancia que tienen los logros alcanzados. Hoy, la mayoría de los hombres y mujeres que viven en este continente eligen sus autoridades en elecciones limpias y han visto significativos avances en el respeto a los derechos humanos.
Todo lo que se avanzó, no obstante, no debe impedir que los ciudadanos y ciudadanas puedan analizar con espíritu crítico el desarrollo de los distintos procesos democráticos, ya que es una característica exclusiva de la democracia, la de pensarse y corregirse a sí misma.
Si bien es verdad que la diferencia entre democracia formal y dictadura puede ser la diferencia entre la vida y la muerte violenta, también lo es que a la primera hay que adicionarle la búsqueda de la igualdad, y los derechos sociales y los humanos de segunda generación, que hacen a la dignidad del hombre y a la propia ciudadanía.
Estos principios han sido sostenidos siempre por la Internacional Socialista, y guardan una íntima relación con el creciente peligro de que la democracia pudiere ser considerada "irrelevante" y perder así su sustentabilidad.
El objetivo central de la democracia es la expansión de los diferentes aspectos de la ciudadanía, junto con la capacidad del Estado para resolver los conflictos de poder en la sociedad. La democracia requiere opciones genuinas y el poder para llevarlas a cabo, para evitar la creciente tendencia de la sociedad a distanciarse del sistema democrático.
La democracia requiere capacidad institucional y organizacional del Estado para implementar las decisiones tomadas por la mayoría. Ello implica que el acceso al poder del Estado sea sustantivo, es decir, que dentro de las fronteras nacionales no haya otra organización (formal o no) con un poder igual o superior al del Estado.
La relevancia de la democracia para los ciudadanos no se resuelve solamente perfeccionando los mecanismos de representación. Esto puede ser una condición necesaria, pero se requieren además nuevos caminos que nos acerquen a una democracia participativa, en la que las organizaciones sociales puedan expandir su papel en el proceso democrático.
Es cierto que se ha derrotado a las dictaduras militares de América Latina y el Caribe, pero es necesario permanecer alertas porque aún perduran actitudes autoritarias, expresadas a veces por ciertas autoridades nacionales o locales, y otras veces por factores de poder que se imponen o condicionan la voluntad soberana de los pueblos. Por otra parte, es necesario no perder de vista que el desarrollo democrático es inseparable del respeto y fortalecimiento del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico internacional.
Será necesario también resolver la triste paradoja que representa el hecho de que la mayoría de las naciones de la región, en plena vigencia de sus regímenes "democráticos", no sólo no han logrado reducir significativamente sus respectivos índices de pobreza o indigencia, sino que, más bien, se ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, mientras la redistribución de la riqueza es cada vez más injusta.
No se trata, necesariamente, de falta de voluntad o de compromiso de cambio de los gobiernos o de los partidos políticos que actúan en cada una de las naciones latinoamericanas y del Caribe. El problema reside también en la incapacidad de los Estados para aplicar políticas eficaces que mejoren las condiciones sociales, y muy especialmente la de los que menos tienen. El problema es la capacidad de poder real de las democracias.
Relación entre reformas democráticas y reformas económicas
El discurso único que pretendió imponerse en América Latina y el Caribe sostenía que el crecimiento económico sólo podría alcanzarse mediante la aplicación de determinadas fórmulas económicas, y el papel que debían desempeñar los gobiernos de la región era debilitar la injerencia de la política y del Estado, incluso a la hora de instrumentar las políticas.
El Informe presentado recientemente por el PNUD presenta un balance de estas reformas económicas que demuestra que a pesar del enorme avance en materia electoral, y de que la mayoría de los gobiernos aplicaron las soluciones "sugeridas", el crecimiento del PBI fue mínimo, igual que la reducción de la pobreza, y en cambio, la desigualdad y la precariedad laboral aumentaron.
Los contenidos de este Informe resultan de gran interés para ilustrar el debate que los partidos políticos miembros de la SICLAC vienen promoviendo desde hace muchos años en sus respectivos países y en la región, con el objetivo de construir sociedades democráticas más libres y más igualitarias.
En América Latina se reconoce hoy el derecho al voto universal, sin restricción alguna de peso significativo. Pero las reformas estructurales de la economía tuvieron una aplicación sostenida. Como se denunció desde la SICLAC en reiteradas oportunidades, es evidente que la mayor parte de la región adoptó la dirección marcada desde lo que se llamó el "Consenso de Washington". El índice de reformas estructurales señala una aplicación sostenida de esas reformas, medido entre 0 y 1, que pasa de 0,57 en la década del 80, a 0,80 en la década del 90. Este índice se construye con cinco sub-índices, que son datos sobre "políticas de comercio internacional", "políticas impositivas", "políticas financieras", "privatizaciones", y "legislación laboral".
El promedio regional del PBI per capita no varió de manera significativa en los últimos 20 años. En 1980, mientras el índice de reformas estructurales era de 0,549, el PBI per capita se situaba en US$ 3.739. Veinte años más tarde, habiéndose adoptado considerablemente la aplicación de las reformas, el PBI per capita era de US$ 3.952, un avance irrelevante si se toman en cuenta los sacrificios que debieron hacerse.
Los niveles de pobreza experimentaron una leve disminución en términos relativos. En 1990 el porcentaje de pobres ponderado por tamaño de población representaba el 46 por ciento; en el 2001 ese porcentaje había descendido al 42,2 por ciento. Sin embargo, en términos absolutos, el número de habitantes que se situaba por debajo de la línea de pobreza aumentó. En 1990, 190 millones de Latinoamericanos eran pobres. En el 2001, cuando la población era de 496 millones de habitantes la cantidad de pobres ascendía a 209 millones.
No se redujeron los porcentajes de desigualdad, lo que se expresa en la relación entre los niveles superiores e inferiores de ingreso. En 1990 el 10 por ciento de la población latinoamericana de ingresos más elevados tenía 25,4 veces el ingreso del 10 por ciento de la población de menores ingresos. En 1997 esa relación se había incrementado a 26,4 veces más que el decil más pobre. En 2002 el 20 por ciento más rico de la población de la región recibía 54,24 por ciento de los ingresos, y el 20 por ciento más pobre sólo 4,71 por ciento. La región posee los niveles de desigualdad más altos del mundo en la distribución del ingreso.
Durante los últimos 15 años la situación laboral ha desmejorado en casi toda la región. El desempleo y la informalidad aumentaron significativamente. Además, cayó la protección social (salud, pensiones y sindicalización) de los trabajadores. Esto se vincula con un desmejoramiento de la distribución del ingreso y un aumento de la pobreza, configurando un cuadro cuyos efectos tendrán consecuencias muy negativas -y algunas inevitables- en el mediano y largo plazo.
SICLAC advierte sobre la importancia de que los distintos partidos políticos que la conforman participen, en sus ámbitos nacionales y regionales, de la promoción y profundización de los debates que deben darse acerca del poder real de la democracia en América Latina y el Caribe, y de los contenidos y relevancia de la política y sus instituciones. Deben romperse las limitaciones y prejuicios que se instalaron durante el avance del neoliberalismo, y debe discutirse sobre el Estado, la economía y la globalización.
Es imprescindible discutir sobre el papel del Estado para fortalecer la democracia, es decir, sobre la capacidad efectiva que necesita poseer el Estado como condición para el desarrollo y expansión de la democracia.
Es falso que haya una sola manera de organizar las relaciones económicas en una sociedad democrática. Es necesario volver a mirar a la economía desde la democracia, destacando que existen diversas políticas económicas y que cada una de éstas tiene su impacto sobre el desarrollo democrático. Las cuestiones de la economía deben ser recuperadas como parte de los contendidos de la política.
La pobreza y la desigualdad son un desafío de la democracia y de la política, y no pueden verse sólo como problemas de la sociedad que algún día podría resolver la economía. El que es pobre en términos materiales, también tiene dificultades para hacer valer sus demás derechos.
La importancia de la asimetría de fuerzas no deberá llevar, sin embargo, a la resignación frente a la globalización insolidaria. Es imprescindible recuperar la capacidad de definir políticas autónomas, y en este sentido, es necesario reafirmar la voluntad de integración política regional ya que la acción aislada de la mayor parte de los Estados nacionales latinoamericanos resulta insuficiente para influir, controlar, regular o beneficiarse de este proceso o para resistir sus tendencias.
Las negociaciones del ALCA
Ante todo debemos tener presente que la constitución del ALCA es un objetivo y un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, que apunta a la apertura de los mercados de América para su oferta exportadora.
El objetivo aparente es el de constituir una zona de libre comercio en la que se eliminen progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. La significación de la negociación no puede minimizarse: afectará, de una u otra manera, el grueso del comercio exterior de todos los países del continente.
Pero Washington no limita su ambición a negociar dentro del ALCA temas comerciales. Quiere que los países miembros del ALCA se comprometan a asumir acuerdos diseñados a medida de sus propios intereses en temas muy diversos como compras gubernamentales, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. En el ALCA no existe la posibilidad de constituir alianzas que contrapesen el inmenso poder de EE.UU.
Nos enfrentamos al claro desafío de que se constituya en el hemisferio un sistema aún más hegemónico que el actual. Ello implica, por un lado, la existencia de un Estado que cuenta con la capacidad de imponer a los otros la estructura normativa que determinará las reglas del juego enconómico-comercial. Por el otro, nuestros empresarios deben tomar conciencia de que el Estado hegemónico otorgará una ventaja adicional a sus poderosas "mega empresas": la capacidad de obtener beneficios adicionales no previstos por el mercado a través de la presión política.
Tampoco podemos dejar de reconocer la capacidad que tiene el gobierno y las empresas de EE.UU. para influir, desde adentro de nuestros propios países, sobre las discusiones y definición de posiciones.
La relación es asimétrica y seremos sometidos a fuertes presiones propias de la administración del Presidente Bush, cuyas políticas se han convertido en una amenaza para la estabilidad mundial.
Pero el más grave problema es que el Congreso de los Estados Unidos otorgó al Poder Ejecutivo un mandato negociador particularmente rígido en defensa comercial y agricultura, para las negociaciones que encare en el ámbito multilateral de la OMC, regional del ALCA o bilateral.
En materia de defensa comercial, se instruye a los negociadores para que preserven la facultad de los Estados Unidos de aplicar rigurosamente sus leyes comerciales, incluyendo antidúmping y derechos compensatorios. De esta manera se busca que los acuerdos comerciales con terceros no limiten la capacidad de Washington de actuar de manera unilateral. Paradójicamente, el mismo mandato negociador, tan respetuoso de su soberanía, exige a los negociadores de Estados Unidos que obtengan importantes modificaciones en las legislaciones internas de otros países, para que se ajusten a la normativa americana en temas como inversiones y propiedad intelectual.
En materia agrícola, el mandato negociador requiere que para mejorar las condiciones de acceso a su mercado se debe cumplir con un mecanismo de consulta previa con el Congreso de dicho país, que reducirá aún más la capacidad de otorgar concesiones a productos de nuestro interés.
En este contexto, nuestros países no deben quedar inmovilizados ante el desafío externo, sino reaccionar de manera pro-activa, luchando por crear un mercado regional, fortaleciendo su cohesión interna en un ámbito de solidaridad y paz en el cual se preserven la democracia y las garantías individuales.
Simultáneamente, debemos impulsar las negociaciones con los países del mundo que estén realmente dispuestos a mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos.
Finalmente, si el resultado de las negociaciones no permiten recibir contraprestaciones suficientes como para justificar los costos que representa la constitución del ALCA nos queda el último recurso: rechazar esa iniciativa y buscar que una mayor integración latinoamericana abra otras oportunidades.
Un mundo impredecible
Aunque los temas de la pretensión hegemónica de la administración del Presidente Bush y la guerra contra Iraq ya hayan sido debidamente considerados en el Congreso de la Internacional Socialista en São Paulo, está claro que no podemos omitir aunque sea un rápido tratamiento del mismo. La actual actitud de EE.UU. puede volcarse sobre América Latina y el Caribe mediante todo tipo de presiones. Por otra parte, se cumplieron todos los vaticinios de nuestro Comité. Lejos de terminar con el terrorismo (vocablo que es necesario definir), se lo ha incrementado exponencialmente, y en vez de terminar con una guerra iniciada con vergonzosos argumentos falaces, se ha empezado una, sin territorio, sin tiempo y sin códigos humanitarios. Además, puede ocasionar una grave crisis económica y convertir en realidad la lamentable profecía del choque de las civilizaciones. Sólo el multilateralismo y el respeto al Derecho Internacional pueden ofrecer la posibilidad de lograr la paz en el mundo.