1. La democracia política es un valor central de la Internacional Socialista, pues provee el fundamento y el contexto necesarios para asegurar todos los demás derechos y libertades fundamentales, incluyendo aquellos de carácter económico y social.
La Internacional Socialista ha estado a la vanguardia en la lucha por la democracia en todo el mundo y, en el transcurso de décadas, nuestros esfuerzos en América Latina y el Caribe contra regímenes militares y todas las demás formas de represión y gobiernos dictatoriales, han conducido hacia naciones más democráticas y mayores libertades para los ciudadanos de la región.
El papel de la socialdemocracia en las victorias por la democracia y en los avances en el respeto por los derechos humanos en América Latina y el Caribe, ha servido de modelo y fuente de inspiración en otras partes del mundo.
Los éxitos democráticos se han alcanzado gracias a que los partidos miembros de nuestra Internacional han respondido directamente al deseo de la gente de vivir en libertad, de ser soberanos en sus propios países. Al mismo tiempo, les han dado esperanza en los momentos más oscuros, solidaridad para nutrir su espíritu democrático y creciente fortaleza contra la opresión.
2. La lucha, sin embargo, aún continúa. Las tareas consisten ahora en defender los logros alcanzados y fortalecer, renovar y dar nueva vida a las instituciones democráticas para adaptarlas a los desafíos creados por la globalización y las amenazas del nuevo milenio.
Entre las principales prioridades en América Latina y el Caribe está la necesidad de revertir la desigualdad social y económica mediante el desarrollo de políticas y programas, desde el nivel local hasta el global, a través de los cuales los pueblos, comunidades y naciones puedan poner fin al desempleo, al hambre y a la indigencia.
Lo anterior implica dar nueva vida al proceso político, revitalizando los partidos políticos y demás instituciones y creando nuevos canales para institucionalizar la participación de la gente en la política. El objetivo es asegurar que sean los ciudadanos quienes dirijan la política en el largo plazo, una enérgica política de participación e inclusión, capaz de lograr que el mercado no aumente al desequilibrio y la desigualdad sociales, y que la tecnología se ponga al servicio y para el progreso de todos.
3. Para la Internacional Socialista, la gobernabilidad democrática abarca una gama más amplia de valores, se define en términos más profundos y está más cerca que cualquier otro movimiento político de las aspiraciones de la gente por un mundo más justo.
Las formas específicas de democracia pueden variar de región en región, de cultura en cultura, pero la democracia a la que adherimos es de naturaleza universal y requiere de la presencia y protección de varios elementos fundamentales, comenzando por la libertad para escoger líderes y representantes, a través de elecciones libres y justas de entre distintas opciones políticas en una sociedad pluralista.
La práctica de la democracia también significa una clara separación entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, firmemente arraigada en las constituciones nacionales, para asegurar una vigilancia y un balance adecuados entre las instituciones gubernamentales y un ejercicio equilibrado, fundado en principios, de la autoridad electa.
La reelección presidencial en América Latina y el Caribe ha resultado históricamente dañina para la democracia, constituyéndose en fuente de corrupción de los gobiernos que la han propiciado; por ello nuestros partidos miembros deben fomentar incorporar en las constituciones de los países de la región el principio de la no reelección presidencial como forma de preservar la democracia.
Los ciudadanos deben poder exigir la responsabilidad de los funcionarios elegidos no sólo mediante las urnas durante las elecciones periódicas, sino también a través de un sólido imperio de la ley, basado en un sistema judicial efectivo, independiente e imparcial, que funcione de manera tal que nadie pueda salir impune debido al ejercicio del poder político, económico o militar.
El imperio democrático de la ley debe garantizar los plenos derechos de los individuos, mujeres y hombres, en la práctica y ante la ley, así como el respeto total de los derechos de las minorías de opinión organizadas, sean ellas de carácter étnico, credo religioso, cultural o de idioma.
Para la gobernabilidad democrática, resultan esenciales el pleno funcionamiento de los partidos políticos y las garantías de expresión libre y abierta a través de los medios, de propiedad pública o privada, en debates y discusiones públicas y en todas las instituciones de la sociedad, de modo que a nadie le sea negada la voz.
No menos importantes son las garantías plenas al derecho de asociación en todos los órdenes, así como en organizaciones no gubernamentales. Lo anterior incluye sindicatos libres, con derecho a negociación colectiva y a huelga, como también toda la gama de organizaciones cívicas que hoy día son testimonio de la determinación de los ciudadanos en el mundo de agruparse para luchar por sus derechos, y contribuir al mejoramiento de sus comunidades y sus naciones.
Las tendencias del desarrollo en América Latina y el Caribe sirven hoy para subrayar la apremiante necesidad de fortalecer y defender la gobernabilidad democrática.
La globalización económica y las nuevas tecnologías ofrecen la promesa del progreso material, pero la desigualdad inherente al rumbo de ese proceso, y el ritmo acelerado del cambio han puesto bajo enorme presión a instituciones democráticas frágiles, y en el caso de muchos de nuestros países, de reciente creación.
La forma en que se desarrolla el proceso globalizador está limitando los alcances del Estado nación, desacredita al liderazgo político y disminuye la vigencia de la propia democracia, al instaurar el funcionamiento del mercado, como criterio supremo por encima de otros valores.
También las presiones contra la democracia y el temor que esto genera entre algunos ciudadanos abren el camino a elementos antidemocráticos, ecos del pasado, que irresponsablemente prometen respuestas fáciles a problemas difíciles. Es un clima en el que la inseguridad genera mayor violencia, cuando lo que se necesita urgentemente es la resolución pacífica de los conflictos destructivos.
Es por ello que incumbe a los socialdemócratas en América Latina, el Caribe y en todo el mundo el redoblar nuestros esfuerzos en apoyo de la gobernabilidad democrática.
Esto significa esfuerzos renovados en defensa de los derechos individuales y colectivos y de las instituciones democráticas, tales como partidos políticos, las elecciones libres y justas y medios de comunicación independientes, todo lo cual constituye el fundamento sobre el que se construyen los sistemas democráticos. Se recomienda que se incluyan informaciones sobre la incorporación de la informática en el conteo de votos, especialmente aquellos procedimientos que permitan comprobar los deseos de los electores e investigar cualquier evidencia de fraudes.
La situación actual también exige un mayor énfasis en la democratización económica y social, en la cual los ciudadanos puedan participar más y mejor en el proceso de toma de decisiones en los niveles local, nacional y global, para garantizar un mayor grado de oportunidades económicas y de justicia social, necesarias para mantener los sistemas democráticos.
Igualmente importante es reconocer la necesidad de colocar la educación como aspecto prioritario para lograr que las democracias puedan garantizar el bienestar de la mayoría.
Finalmente, sólo la socialdemocracia puede ofrecer la solidaridad necesaria en estos tiempos difíciles para ayudar a aliviar los temores y las dudas de la gente, para renovar su confianza en las posibilidades del futuro, un futuro que puede ser más libre, justo y productivo, donde todos puedan participar democráticamente en su construcción.