Los miembros del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe (SICLAC) hemos abierto y concluido una reunión los días 9 y 10 de mayo de 2014 en República Dominicana reconociendo, con motivo del decimo sexto aniversario de la desaparición física del Dr. José Francisco Peña Gómez, líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Internacional Socialista, sus inmensos aportes al socialismo democrático que todavía hoy constituyen un referente para nuestras luchas.
El Comité manifiesta su firme respaldo a los dirigentes del PRD y a sus esfuerzos para fortalecer institucionalmente el Partido, mantener el respeto a sus Estatutos y trabajar por la unidad fraterna de todas sus corrientes internas, en el espíritu conciliador y responsable de su líder de siempre, nuestro querido José Francisco Peña Gómez.
Tras dos días de sesiones, el Comité concluye con la presente Declaración sobre los 3 ejes fundamentales alrededor de los cuales giraron las intensas discusiones sostenidas por sus miembros, a saber: (i) construyendo una economía con crecimiento, igualdad y progreso social para todos; (ii) fortaleciendo y profundizando la democracia: los nuevos y constantes desafíos; y (iii) el retorno de la política: el papel fundamental de los partidos.
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Construyendo una economía con crecimiento, igualdad y progreso social para todos
A lo largo de las últimas tres décadas, América Latina y el Caribe ha logrado impulsar el crecimiento económico, disminuir la pobreza y expandir la democracia. No obstante, el crecimiento no ha sido suficiente para eliminar la pobreza estructural en nuestros países que es una amenaza para la sostenibilidad de nuestras democracias.
Convenimos que para combatir con éxito la pobreza requerimos educación de calidad, maestros y tecnología de primera, buenos empleos y oportunidades para el emprendimiento productivo, un sistema de salud inclusivo, que los ciudadanos accedan a viviendas dignas, con adecuados servicios de agua potable, electricidad y aseo. El Estado de hoy tiene que combatir la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la marginalidad. Por ello es clave la inclusión, la justicia social, la equidad, la paridad de género y la igualdad de oportunidades. Sólo con verdadera justicia social, lograremos construir ciudadanía y que no haya ciudadanos de segunda en nuestras sociedades. La igualdad es garantía de una plena ciudadanía, de la gobernabilidad y de la paz social.
Para emerger de la pobreza se requiere un liderazgo competente y ético y tal propósito demanda una lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Una plena ciudadanía requiere garantizar el derecho fundamental a la seguridad de los ciudadanos.
Debemos redimensionar el Estado Social y Democrático de Derecho. Hay que abandonar la idea de que el Estado Social significa Estado grande y que el Estado liberal implica un Estado reducido. Se trata de construir no tanto un Estado grande o uno pequeño sino de consolidar un Estado más eficiente, garante, regulador y facilitador. Un Estado que, a partir de asociaciones público-‐privadas, desarrolle y gestione las grandes infraestructuras y los servicios públicos esenciales, de calidad y accesibles a todos.
Se requiere construir un Estado que estimule la participación del sector privado en el desarrollo, que sólo asuma las iniciativas empresariales allí donde los particulares son deficientes, pero que nunca renuncie a su deber de regular la economía y garantizar las prestaciones sociales y servicios públicos de calidad a los más necesitados, sean estos servicios suministradas por el Estado, los particulares o el Tercer Sector. Sólo un Estado que se concentre en sus misiones públicas irrenunciables tiene los recursos necesarios para asegurar su función de Estado Social, garante de los derechos de todos.
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Fortaleciendo y profundizando la democracia: los nuevos y constantes desafíos.
La democracia electoral que tenemos demanda mejores instituciones para consolidarse e impedir el retorno de los autoritarismos. Una democracia sin Estado de Derecho, sin instituciones sólidas, sin garantía de los derechos fundamentales de todos, deviene en una “democradura”, que es el fenómeno que caracteriza unos autoritarismos hoy legitimados por la vía electoral.
Por eso, la reforma del Estado debe procurar un Estado más democrático y representativo, más inclusivo, participativo y descentralizado. Un Estado conectado con sus ciudadanos, que asegure la participación y la genuina representación social. Reformas que transparenten la gestión pública y garanticen la probidad de los administradores de los bienes de todos. La reforma del Estado que proponemos es, por tanto, mucho más que un proceso administrativo: es una dinámica de redistribución del poder y de devolución del mismo de los representantes a los ciudadanos.
El nuevo desafío es crecer en forma más democrática, descentralizada y participativa. Necesitamos, en consecuencia, poderes ejecutivos que no sean herederos del viejo caudillismo, sino vanguardias de la nueva democracia.
Un capítulo especial de estas reformas es el de la participación paritaria de las mujeres. Hasta que no concretemos la igualdad entre hombres y mujeres, no habrá democracia efectiva ni desarrollo humano integral en nuestra región.
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Por el retorno de la política: el papel fundamental de los partidos.
Ante el surgimiento de nuevos actores sociales y el redimensionamiento de la sociedad civil, requerimos repensar el rol de los partidos como articuladores de la voluntad popular. Hay que establecer un paradigma de desarrollo a partir de una nueva interacción entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.
Necesitamos partidos que respeten la disciplina y la institucionalidad, y estimulen la discusión creadora y la formación. En el mundo de hoy, debemos concretar una combinación entre los principios y valores
que representa la socialdemocracia y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Los partidos no son hoy el único mecanismo de acción política de ciudadanos conectados, informados y alerta: hay nuevos ciudadanos y por eso necesitamos partidos adecuados a los nuevos tiempos.
Y ese propósito requiere mejores cuadros dirigentes. Por eso debemos dedicarle más tiempo, recursos y energía a la formación intelectual y política de nuestros jóvenes. Sólo con esa apuesta por nuestros jóvenes podremos tener partidos políticos capaces de conducir las reformas fundamentales impostergables en nuestros estados y sociedades.
Finalmente, los autoritarismos de nuevo cuño se perpetuán con el uso de los recursos del Estado en los procesos electorales. De ahí que es clave que tengamos regímenes electorales y sistemas de partidos políticos que aseguren la equidad y la igualdad de oportunidades en las competencias electorales y, por tanto, la alternabilidad democrática en el poder.
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