Original: inglés
La Internacional Socialista acoge la Conferencia de Monterrey y quiere contribuir a su éxito. La Conferencia de Monterrey ofrece la oportunidad de movilizar los fondos necesarios para el alivio internacional de la pobreza. En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de septiembre del 2000, jefes de estado y de gobierno de los estados miembros de las Naciones Unidas confirmaron su intención de reducir a la mitad el número de personas viviendo en extrema pobreza para el año 2015. Con este propósito, muchos gobiernos han puesto en marcha programas de acción que definen su contribución a este esfuerzo mundial. La Internacional Socialista hace un llamamiento a todos los países para que establezcan programas de acción de esta naturaleza hacia el 2015.
El borrador para el documento final de la Conferencia sobre la FdD, el "Consenso de Monterrey" -que fuera acordado el 28 de enero del 2002 en Nueva York al final de la cuarta y última reunión preparatoria de los estados miembros de las Naciones Unidas- contiene una lista comprehensiva de exigencias y expectativas para los países desarrollados, pero también para los países en desarrollo y los países en transformación, las cuales deberán ser cumplidas sobre la base de un "nuevo partenariado". De esta manera, el Siglo XXI podría convertirse en un siglo para "el desarrollo de todos". La Internacional Socialista propugna estas justificadas demandas.
Sin embargo, la IS lamenta profundamente el que hasta ahora no se hayan desplegado reales esfuerzos para incluir las opiniones de los parlamentarios en el Consenso de Monterrey. Considerando que muchas de las recomendaciones descritas en este consenso se refieren al perfeccionamiento del marco legal del sector financiero (bancos, seguros, fondos de pensiones) que son la principal responsabilidad de los parlamentos, creemos que se necesita hacer un esfuerzo extraordinario para incluir sus opiniones.
En la primera parte, se hace mención de la demanda por una movilización más fuerte de la financiación nacional para el desarrollo. Esto requiere de una lucha determinada contra el despilfarro de los fondos públicos y contra la corrupción, el establecimiento de un sistema bancario de buen funcionamiento -especialmente para los créditos micro como también para las pequeñas y medianas empresas-; una mejora en la supervisión bancaria. Pero resulta igualmente importante reorganizar y reformar los bancos de propiedad estatal, así como evitar los éxodos de capital y la evasión de impuestos, garantizar la consistencia de las leyes sobre transacciones empresariales, la igualdad de género, proteger los derechos de los empleados y el medio ambiente. Adicionalmente, para los países en desarrollo y los países en transformación será sumamente importante reducir los costos de las transacciones bancarias para transferencias de pagos de trabajadores invitados a sus países de origen, así como la promoción de la vivienda. La Internacional Socialista apoya estas demandas. Deplora que el documento FdD no mencione explícitamente los estándares laborales esenciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la oposición de algunos países en desarrollo y de los EE.UU.
Hace falta una aceptación más decisiva del hecho de que las políticas domésticas en sí mismas no lograrán el desarrollo a menos que se aborde adecuadamente el conjunto de las restricciones de los sistemas financieros económicos internacionales.
La segunda parte se ocupa de la movilización de los recursos internacionales para el desarrollo. Esto concierne sobre todo y en primer lugar al establecimiento de un marco apropiado de condiciones para la inversión extranjera directa. En los países en desarrollo se necesita un clima transparente, estable y predecible que conduzca a la inversión, basado en acuerdos para la promoción de la inversión, para la protección de la inversión, garantías para la inversión de capital, convenciones sobre doble tributación, co-financiación, capital de riesgo, créditos para la exportación y otras formas de financiamiento. Los inversionistas no sólo deberían tener en consideración su interés personal y legítimo en generar rentas, sino también respetar los estándares sociales y medioambientales. Los partenariados entre los sectores público y privado para mejorar la infraestructura, por ejemplo en el campo de las tecnologías de información y comunicaciones y el suministro de agua y energía podrían ser uno, pero no el único medio para mejorar las condiciones para la inversión.
La Internacional Socialista está en favor de introducir regulaciones efectivas a las transacciones (las cuales podrían adoptar la forma de mejores instituciones, tributación internacional, etc.) para casos en que la llegada y salida de capital se produce en un lapso muy corto y volátil, y considera que los países en desarrollo no deberían ser urgidos a liberalizar la balanza de transacciones de capital si el sector financiero de su país no está del todo listo para ello. El ejemplo de China demuestra que pueden alcanzarse altas tasas de comercio y crecimiento a través de la inversión extranjera directa, sin la completa liberalización de la balanza de transacciones de capital.
Quisiéramos que el documento ofreciera mayor apoyo a los países en desarrollo en su propia vía hacia el desarrollo, permitiendo apropiados regímenes de cuentas de capital y de tributación y control de cuentas de capital. Como otra cuestión clave, la promoción de estándares laborales y medioambientales debería incluirse en el documento y ser parte integral del capítulo sobre FDI.
Quisiéramos recomendar decididamente que se realicen mayores esfuerzos para controlar los paraísos fiscales.
La tercera parte considera al comercio como una gran fuente y una fuerza motriz para el desarrollo. Para los países que han llegado hasta cierto punto en su desarrollo y que han recibido poca o ninguna asistencia para el desarrollo, la participación en el comercio mundial constituye la base más importante para el desarrollo, pues el ámbito y la intensidad de la inversión extranjera directa está determinada por sus posibilidades de exportación de sus productos. La Internacional Socialista respalda las recomendaciones para una participación más fuerte de los países en desarrollo en el comercio mundial, especialmente en relación con la reducción de los subsidios a la producción y a la exportación para productos agrícolas específicos en la Unión Europea y en los EE.UU.
Además, la Internacional Socialista favorece el libre acceso para productos sin cuotas o tarifas, con la excepción de las exportaciones de armas desde los países menos desarrollados (PMDs) hacia los mercados de los estados industrializados, la así llamada "Iniciativa de Todo Menos Armas". Los estados miembros de la Unión Europea ya se han comprometido con esta iniciativa y Japón también ha hecho un declaración en similar sentido.
La nueva ronda mundial de negociaciones comerciales, que recibió luz verde durante la Cuarta conferencia ministerial de la OMC en Doha, debe convertirse en una "ronda del desarrollo". El programa integrado de la III Conferencia sobre PMD en Bruselas, para la promoción de las exportaciones desde los países menos desarrollados, necesita complementarse con medidas adicionales para la asistencia técnica en asuntos comerciales para todos los países en desarrollo.
La Internacional Socialista hace un llamamiento a efectuar una evaluación del marco de regulación para el comercio, incluyendo su impacto en la reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y la protección de los trabajadores y el medio ambiente. La inestabilidad de los precios de los productos de consumo y las rentas obtenidas por las exportaciones de los países en desarrollo y los diferentes mecanismos para manejar los riesgos al enfrentar estos temas debería ser otra área de preocupación.
En cuarto lugar, la Internacional Socialista apoya las recomendaciones sobre el necesario aumento de la asistencia oficial al desarrollo (ODA) hasta el 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los países desarrollados para una mejor eficiencia de la asistencia técnica y financiera al desarrollo. La Internacional Socialista aboga por los objetivos de la Declaración del Milenio de la Asamblea General de la ONU y del informe de la comisión Zedillo, según la cual la ODA debería por lo menos duplicarse a US$ 100 billones anuales, en aras de hacer posible la meta de reducir la pobreza internacional a la mitad para el año 2015. Esto está aún muy lejos del 0.7 por ciento que las Naciones Unidas determinaron como un objetivo general hace aproximadamente 30 años. Los países en desarrollo aún no han aceptado la meta intermedia y hacen un llamamiento para que se acate el objetivo del 0.7 por ciento en la Declaración de Monterrey. Los estados miembros de la OCDE se han comprometido con esta meta, con la excepción de los EE.UU. Los jefes de estado y de gobierno de la UE, durante su reunión en Laeken (Bélgica) el 15 de diciembre del 2001, aprobaron un estudio sobre el análisis de los fondos y los lapsos en que cada estado miembro podría alcanzar el objetivo trazado por las Naciones Unidas, debido a que hasta ahora sólo algunos de los más pequeños estados europeos, es decir, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Luxemburgo, han alcanzado esta meta. La IS apela ahora a los estados miembros más grandes, liderados por gobiernos socialdemócratas, es decir, Alemania, Francia y Gran Bretaña, para que establezcan cronogramas y programas de implementación para lograr las metas de las Naciones Unidas y tomen medidas precisas en esta dirección. Sin un aumento en la asistencia de parte de los estados miembros de la OCDE, serán los países en desarrollo más pobres los que no estarán en condición de hacer uso de las oportunidades provistas por la movilización de recursos nacionales, la transferencia internacional de capital y el comercio internacional, en aras de luchar contra la pobreza. La Internacional Socialista urge que al menos el 0.2 por ciento del PNB se destine a los países menos desarrollados.
La IS critica la falta de compromiso con mayores niveles de asistencia en el documento Consenso de Monterrey, lo cual debería ser abordado por los partidos socialistas. Los niveles de asistencia deberían aumentarse inmediatamente y se hace necesario un cronograma para cumplir con el objetivo del 0.7 por ciento. Debería asegurarse que el cronograma sea consistente con el plazo para lograr los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Dentro de este marco de trabajo, debería darse prioridad a los programas orientados a elevar la cualificación a través de la educación y algunas capacidades profesionales, como también la infraestructura básica de transporte.
La quinta parte del Consenso de Monterrey aboga por la implementación continua de los programas de alivio de la deuda iniciados durante la Cumbre del Grupo de los 8 en Colonia para los países pobres altamente endeudados (PPAE), y por la reducción de la carga de la deuda en el marco de los Clubes de París y de Londres. La Internacional Socialista apoya los esfuerzos realizados por algunos países de la OCDE, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo pero los urge, y especialmente al FMI, a dar asistencia a los países en desarrollo altamente endeudados, amenazados con crisis financieras al tratar de superar sus problemas de la deuda.
Debe enfatizarse el alivio de la deuda en los PPAE que debería estar condicionado al respeto a los derechos humanos fundamentales y al desarrollo de la democracia.
La Internacional Socialista respalda los interrogantes relacionados con el sistema expuestos en la sexta parte del Consenso de Monterrey. Propugna el liderazgo de las Naciones Unidas en la representación de los intereses de los países en desarrollo, especialmente el fortalecimiento del papel de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Favorece una participación más fuerte de los países en desarrollo en las instituciones financieras internacionales y en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Son necesarias mayores discusiones y decisiones concernientes a la cuota o al derecho a voto. La IS favorece una reforma y fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional, específicamente en relación con la prevención y la superación de las crisis financieras; una participación más fuerte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la solución de los problemas sociales de la globalización; la intensificación de la cooperación internacional respecto de los gravámenes y la lucha contra el lavado de dinero, el tráfico de estupefacientes, la corrupción, el crimen internacional organizado y el financiamiento del terrorismo. Una mejor coherencia de las políticas a nivel tanto internacional como nacional es esencial para el proceso de seguimiento a la Conferencia de Monterrey. La "alianza global para el desarrollo" con la cual deben comprometerse los jefes de estado y de gobierno en Monterrey merece el pleno apoyo de todos los partidos de la Internacional Socialista, de la sociedad civil, los sindicatos, los empleadores y de cada individuo con cierta dosis de buena voluntad.
La IS expresa su preocupación de que a pesar de las numerosas crisis financieras y los recientes trastornos en Argentina, el documento de Monterrey afirma que "ya están desarrollándose importantes esfuerzos para reformar la arquitectura financiera internacional". Más aún, debería abordarse que las instituciones financieras internacionales se comprometan a efectuar una revisión participativa de sus órganos de deliberación para asegurar una participación equitativa de los países en desarrollo. Además, que la OMC asegure que el total de su membresía esté representada apropiadamente en todos sus órganos y grupos de trabajo. El papel de la ONU en temas económicos globales debería reforzarse y debería obtener el mandato para diseñar mecanismos innovadores para contar con una mayor democracia en las tomas de decisiones de la economía global.